Por: Daniela López, politóloga apasionada por disminuir su impacto en el planeta.
Mi primer trabajo después de graduada fue en una multinacional de consumo masivo. Fue una gran experiencia, de altibajos, de aprendizajes y desilusiones. Al parecer esta empresa tiene unos proyectos de sostenibilidad retadores a nivel global, seguramente en países en donde las regulaciones los obligan a cumplir con el reciclaje de sus empaques y también a garantizar condiciones laborales dignas. No puedo dar fe de estos proyectos porque hacía parte de la región Andina, que no representa un volumen de ventas significativas, ni promulga leyes suficientes para proteger el medio ambiente, por tal motivo no sentí que esos planes fueran relevantes para la empresa.
Mi práctica académica meses antes de entrar a la industria de alimentos fue en el sector humanitario, allí tuve la oportunidad de debatir sobre las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad y también compartir intereses y pasiones. Fui parte de una organización que es rentable y no degrada nuestros recursos naturales a tal punto de poner en riesgo la supervivencia de la humanidad y de la vida como la conocemos.
En contraste, las personas que trabajan en la industria alimentaria podría describirlas como pragmáticas, positivistas y buenas administradoras de recursos materiales. Además, su forma de entender el éxito está más relacionado a la acumulación de capital y de beneficios tangibles. A diferencia de lo que pude conocer en mi poco tiempo en el trabajo social, donde los intangibles y el bien común están por encima de lo material.
Como había mencionado, la región Andina es pequeña para la multinacional, y en esta no existe un área de sostenibilidad o responsabilidad social. Este fue un cargo que me quise atribuir porque me propuse darle un sentido social y ambiental a mi paso en esta organización. No quería desaprovechar esta oportunidad única para generar un cambio en donde es realmente imperativo actuar.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió en 2018 una ley denominada La Responsabilidad Extendida del Productor (Resolución 1407). Esta ley coincidió con mi ingreso al mundo del consumo masivo y me permitió tener un argumento de valor para desarrollar un plan de gestión ambiental. De manera general, esta ley obliga a todos los productores e importadores a recolectar y a transformar un porcentaje de los empaques que ponen en el mercado colombiano. A pesar de no ser en ningún momento una prioridad para el negocio, dentro de sus principios está cumplir con lo necesario para que sus productos puedan ser comercializados.
El equipo directivo no logró conectarse con esta iniciativa, la aceptaron por cumplir con la ley, claramente se llevó a cabo de la forma más barata y efectiva. Así las cosas, vale la pena resaltar la brecha que hay entre las motivaciones intangibles de las personas y las basadas en números que, en este caso, se traducen en ventas. En ese momento no tenía soportes que respaldaran que ser responsables con la contaminación que generan, podría generar una mejor imagen en sus consumidores y así crear más transacciones. Personalmente me cuesta entender la poca empatía que experimenté en esta organización con respecto a la protección ambiental.
Me pregunto constantemente… ¿Qué lleva al ser humano a no reconocer que el planeta tiene límites? La conexión con mi ser espiritual y con la naturaleza, que todo nos brinda, me ayuda a reconocer que vinimos a este mundo de paso, y debemos garantizar un futuro sano para las futuras generaciones. También, debemos velar por las voces que no se pueden hacer oír, como las de los páramos, océanos, bosques, animales y seres vegetales. Llegados a este punto, quiero resaltar la importancia de que todos los sectores económicos incentiven la inclusión social y protección de nuestros recursos naturales. Independientemente, si generan o no contaminación es urgente repensar la cultura colectiva y restaurar nuestra relación con la naturaleza. Pertenecemos a una red de vida la cual debemos cuidar y respetar.